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6 de Maio de 2012 05:33
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6 de Maio de 2012 05:39
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EUROPA SIGUE CON LA
INVASIÓN Y SAQUEO
Honduras
Grupo británico Dinant
Megacultivo de palma aceitera para biocombustibles. Esta empresa está asociada con un terrateniente de la zona, Miguel Facussé, denunciado por numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de la tierra. En los últimos dos años han sido asesinados 46 campesinos, 6 de ellos trabajadores de la empresa. El gobierno ha enviado 1.000 soldados a la región para reprimir la protesta social. Se denuncia también la existencia de grupos paramilitares que aterrorizan a los pobladores para que no reclamen sus derechos. La Corte Interamericana de DDHH ha expresado su profunda preocupación tanto por el asesinato de pobladores como por la impunidad, crisis desatada después del Golpe de Estado.
Empresa cementera francés La Forgie
Allí se ha denunciado la represión laboral, despidos indiscriminados e ilegales a pesar de haber un convenio colectivo, el violento uso de la seguridad privada fuertemente armada en connivencia con la fuerza pública.
Iberdrola en proyecto eólico
Proyecto desarrollado en territorio indígena en la zona denominada Cerro de Hula. La comunidad no fue consultada. Se están rompiendo montañas y soterrando fuentes de agua, acabando con el patrimonio alimenticio de las familias de la zona.
El Salvador
Empresa mixta entre el Estado, Enel de Italia y otra empresa de capital estadounidense.
Se les ha denunciado por evadir impuestos, grave contaminación ambiental, daños en la agricultura local, descomposición social de las comunidades, apropiación de la tierra de pequeños campesinos, no retribución de las prestaciones laborales, y condiciones de trabajo precarias.
Guatemala: Grupo británico Dinant en empresa de cultivos de palma
Allí la criminalización de la protesta social y las luchas de indígenas y campesinos por defender sus derechos son pan de cada día. La empresa EDT Trading se retiró para la participación en un megaproyecto agroindustrial por las denuncias por violaciones a los derechos humanos. También se retiró la alemana DEG de la financiación al Grupo Dinant.
Nicaragua. Grupo Pescanova
Denunciada por violación a los derechos laborales y sindicales, maltrato a los trabajadores a quienes obligan a trabajar durante 12 horas seguidas que, en el caso de los que entran a las seis de la mañana, no se les permite desayunar ni tomar una merienda. Incluso sufren severas restricciones para ir al baño. Ha acabado con las pequeñas camaroneras de la zona y las pocas que quedan son obligadas a vender su producción a la empresa a precios irrisorios. También está denunciada por delitos ambientales como la destrucción de los manglares para la construcción de la granja camaronera y la planta de procesado y congelación de langostinos más grande de América Latina.
Panamá. Proyecto de hidroeléctrico Barro Blanco
Se ha solicitado a la alemana DEG y a la holandesa FMO que se retiren de la financiación del proyecto que ataca directamente a la etnia indígena Ngöbe Buglé. Se construirá una gran presa en territorios ancestrales y para ello se despojará a estos indígenas. Estos pueblos se han organizado para impedir que esto suceda y el gobierno ha enviado a la fuerza pública a reprimir violentamente las protestas. Ya han muerto al menos dos indígenas y muchos más han sido heridos de gravedad. Se habla de muchos desparecidos que se cree, pueden estar muertos.
Repsol YPF en diversos países (recientemente expropiada por el gobierno Argentino)
En Argentina ha sido denunciada por la contaminación de tierras y ríos que ha causado graves enfermedades a las comunidades cercanas a las exploraciones petrolíferas. Particularmente a integrantes de la etnia mapuche que les han detectado en la sangre niveles de 17 metales pesados que superan ampliamente los normales. Allí la empresa tiene diversas denuncias ambientales sobre unos 900.000 kms. cuadrados en diferentes provincias. También disminuyeron las protecciones en seguridad y se le responsabiliza de la muerte de nueve trabajadores en la exploración de Puertollano. De una planta de 55.000 trabajadores que recibió cuando adquirió YPF en la década del noventa, al día de la renacionalización por parte del gobierno argentino, quedaban apenas 6.000.
En Ecuador, la explotación que realiza en el Parque Nacional Yasuni, ha afectado enormemente la vida de los indígenas de la zona, causándoles graves destrozos en las fuentes de agua, la alimentación y la salud. Caso similares se presentan en Bolivia y Perú en los que los más afectados son los indígenas a quienes además de los problemas anteriores, se ha impactado negativamente su hábitat y sus formas de vida tradicionales.
Está previsto para finales de este verano que el PE apruebe o rechace estos TLC. Los expertos americanos y europeos que asistieron a la Conferencia en la Comisión de Comercio del PE, expusieron su oposición a los Acuerdos y solicitaron su no aprobación en la cámara europea.
Las razones son numerosas, pero en la conferencia se centraron en estas: las poblaciones directamente afectadas no fueron tenidas en cuenta a la hora de las negociaciones; los estudios de impacto ambiental que reflejan consecuencias negativas sobre la zona no contaron en las negociaciones; no existen legislaciones ambientales en América Latina que de verdad protejan el medio ambiente; traerán consecuencias nefastas sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y el tejido social de comunidades campesinas y etnias indígenas y negras; los países americanos de los Acuerdos incumplen la normativa nacionales e internacionales del trabajo, entre ellas el derecho a la sindicalización; generarán más precariedad laboral e incrementarán la desigualdad y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos, graves en la mayoría de países firmantes, aumentarán; afectarán negativamente la supervivencia de pueblos indígenas milenarios; dinamizarán todavía más los diversos conflictos en los países; son acuerdos asimétricos en los que únicamente contó el enorme poder de la UE.
Helmer Velásquez, de la organización Congcoop de Guatemala alertó sobre las consecuencias para su país en caso de aprobarse el Acuerdo: “Un proceso de desarrollo que se basa meramente en el comercio no es desarrollo. Cada vez vemos más a una Europa cuyo único interés es extraer recursos naturales de la región. Ya, sin la entrada en vigor del Acuerdo, con la tala de bosques y el uso indiscriminado del agua, nos acercamos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región”. Recordó además que la palma africana y el azúcar, que serán los productos que Guatemala exportará a Europa, generan muy poco empleo y desplazan los que mantiene el cultivo del maíz. “Este tipo de tratados tiene un impacto demoledor en el empleo rural”.
“La UE en las negociaciones fue muy ofensiva en el área de inversiones, obras públicas y propiedad intelectual [caso de los medicamentos y patentes sobre recursos naturales], porque son los temas estratégicos en los que quieren ganar”, comenta Lourdes Castro de la organización Grupo Sur. “Las negociaciones deben hacerse entre iguales; las de estos TLC fueron asimétricas con todo el poder para la UE”, sentenció.
En ese mismo aspecto, Gabriele Küppers, consejera política del Grupo Verde/ALE en el PE, alertó sobre la forma en que negoció Europa: “Si se miran los TLC con Colombia y Perú, y el Acuerdo con Centroamérica, son casi idénticos. La UE fue ya con un documento con comas y puntos para negociar así: yo quiero esto y la contraparte dijo sí porque muchos de los que han negociado están asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso, las multinacionales”. Manifestó que no se tuvieron en cuenta las particularidades de cada país. “Sencillamente”, añade Küppers, “la UE ha cumplido con lo acordado a su interior entre los años 2005 y 2006, cuando se concluyó que los países que la integran necesitan del acceso ilimitado a los recursos naturales y a todos los mercados”. Esto con el fin de no quedarse atrás en la carrera tecnológica y comercial emprendida hace años por países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, la asesora del grupo Verde se lamentó que al interior del PE “haya grupos políticos que ven más el impacto positivo para las empresas europeas que para las poblaciones en la región”.
“La concentración de la propiedad de la tierra que genera muchos conflictos en nuestros países, y el impulso de megaproyectos que crean más tensión en los territorios, ejercerán una presión muy fuerte sobre el principal recurso de nuestras tierras que es al agua”, subrayó la colombiana Tatiana Rodríguez de Censat-Agua Viva. Expuso que los agrocombustibles, la extracción minera y los megaproyectos hidroléctricos, ya han puesto a los pueblos a competir con el uso del agua. “Ahora”, dijo, “estos Tratados vienen a engordar los conflictos y contribuirán más al sufrimiento, ya insoportable, para muchas de nuestras comunidades”.
Por su parte, Juan Moreno de la Conferencia Europea de Sindicatos recordó a los eurodiputados que una sencilla observación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que persisten las violaciones a los DDHH en toda la región y recalcó que América Latina, particularmente en Colombia y Guatemala, es la región con más sindicalistas asesinados de todo el mundo. “La tasa de sindicalización en este contexto de represión en Guatemala ha descendido del 9% al 2%”. Estos Acuerdos declaró Moreno, no obligan ni a los gobiernos ni a las empresas a implementar políticas de empleo decentes. Por tanto, solicitó al PE que rechace estos TLC “porque las condiciones laborales en la región son deplorables y estos Acuerdos las van a hacer todavía más”.
En el tema de DDHH, Colombia es una de los países más azotados por este flagelo. Y las zonas rurales son las más damnificadas y vulnerables ante las diversas violaciones que allí cometen ejércitos legales e ilegales. Vincent Vallies de Oidhaco, lo deja claro: “Allí las zonas de cultivo de palma aceitera y caña de azúcar destinadas a la producción de agrocombustibles se encuentran entre las más afectadas por violaciones a los derechos humanos”. Se teme que el TLC agudice la grave crisis humanitaria que aqueja a ese país.
El eurodiputado español del Grupos Socialista, Andrés Perelló, declaró: “si el Tratado no incluye cláusulas de respeto a los DDHH como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, votaré en contra”. Catherine Bearder, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), encargada de abrir la Conferencia, recordó cómo los estudios de impacto socioambientales encargados por la Comisión Europea, advierten sobre serios impactos tras la firma de los Acuerdos: “Seguiremos investigando antes de votar”. Por su parte, Jürgen Klute, de Izquierda Unitaria Europea (GUE), manifestó que “el PE debe escuchar las voces que dicen no a estos Acuerdos y poner atención a sus recomendaciones”.
Haciendo un llamado desesperado para que estos Acuerdos no se aprueben y en defensa de las poblaciones indígenas americanas, Jaime Borda de la organización “Vicaría de Sicuani-Cuzco” de Perú, se explicó así. “Para las poblaciones originarias el agua no sólo es un recurso natural, es vida. Y aquí se ha olvidado que los pueblos indígenas tienen unos derechos, y que hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen”.
En materia legislativa, Gabrile Küppers denuncia que estos TLC existe una cláusula que no permite incrementar o mejorar la legislación local, “sino bajar o eliminar donde haya un brote de legislación social o ambiental de protección. Un Acuerdo de estos, no debería tocar la posibilidad de que los países fortalezcan sus legislaciones, juzgar a quienes cometen crímenes, y no deberían dar carta blanca a los beneficios de las multinacionales”, concluye. Lourdes Castro, por su parte, añade: “Europa negocia con países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante como es la UE”. Y respecto a la atractiva faceta positiva con la que presentan estos TLC ante las poblaciones americanas para venderles que las beneficiadas serán ellas, Castro sentencia: “si los TLC son tan buenos y tan ventajosos, ¿por qué no se negocian, por ejemplo, entre la UE y Estados Unidos?”.
Para todos los expertos que asistieron a la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales” en el PE, para varios analistas especializados en tratados comerciales internacionales y para numerosos eurodiputados, definitivamente los TLC entre la UE con Colombia y Perú y los Acuerdos con Centroamérica, son espléndidos para las multinacionales con las multinacionales y lamentables para los pueblos americanos. La única esperanza que le queda a estas poblaciones, es que el PE no los apruebe o que algunos parlamentos de los 27 que integran la UE los rechacen.
Algunos conflictos generados por multinacionales europeas en América Latina *
Colombia
Proyecto El Quimbo de las empresas italiana y española Enel y Endesa
Construcción de una presa hidroeléctrica al sur del país. Las fuerzas policiales han atacado y desalojado a miembros de las 500 familias que se oponen a este megaproyecto. Un vídeo colgado en Youtube titulado “Lo que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, del periodista Bladimir Sánchez y que ha sido visto más de un millón de veces, demostró cómo la fuerza pública ataca a los pobladores. El periodista ha recibido múltiples amenazas de muerte. Se sumergirán 7.500 hectáreas de reserva forestal y ya está desviando el curso del principal río del país, el Magdalena. Inundará seis municipios en los que habitan 1500 personas que serán reubicadas. El impacto social es muy perjudicial para la zona porque, además de desplazar a las personas, les priva de sus cultivos tradicionales y de la pesca artesanal, sustento de la economía local. La licencia ambiental estuvo basada en un estudio de impacto de las empresas. El gobierno ha enviado a la zona a 1.200 soldados para garantizar las obras del megaproyecto. Los afectados han creado una asociación (Asoquimbo) para oponerse al proyecto, al despojo, y denunciar las violaciones a sus derechos y el impacto ambiental negativo sobre esta parte de la Amazonía colombiana.
Honduras
Grupo británico Dinant
Megacultivo de palma aceitera para biocombustibles. Esta empresa está asociada con un terrateniente de la zona, Miguel Facussé, denunciado por numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de la tierra. En los últimos dos años han sido asesinados 46 campesinos, 6 de ellos trabajadores de la empresa. El gobierno ha enviado 1.000 soldados a la región para reprimir la protesta social. Se denuncia también la existencia de grupos paramilitares que aterrorizan a los pobladores para que no reclamen sus derechos. La Corte Interamericana de DDHH ha expresado su profunda preocupación tanto por el asesinato de pobladores como por la impunidad, crisis desatada después del Golpe de Estado.
Empresa cementera francés La Forgie
Allí se ha denunciado la represión laboral, despidos indiscriminados e ilegales a pesar de haber un convenio colectivo, el violento uso de la seguridad privada fuertemente armada en connivencia con la fuerza pública.
Iberdrola en proyecto eólico
Proyecto desarrollado en territorio indígena en la zona denominada Cerro de Hula. La comunidad no fue consultada. Se están rompiendo montañas y soterrando fuentes de agua, acabando con el patrimonio alimenticio de las familias de la zona.
El Salvador
Empresa mixta entre el Estado, Enel de Italia y otra empresa de capital estadounidense.
Se les ha denunciado por evadir impuestos, grave contaminación ambiental, daños en la agricultura local, descomposición social de las comunidades, apropiación de la tierra de pequeños campesinos, no retribución de las prestaciones laborales, y condiciones de trabajo precarias.
Guatemala: Grupo británico Dinant en empresa de cultivos de palma
Allí la criminalización de la protesta social y las luchas de indígenas y campesinos por defender sus derechos son pan de cada día. La empresa EDT Trading se retiró para la participación en un megaproyecto agroindustrial por las denuncias por violaciones a los derechos humanos. También se retiró la alemana DEG de la financiación al Grupo Dinant.
Nicaragua. Grupo Pescanova
Denunciada por violación a los derechos laborales y sindicales, maltrato a los trabajadores a quienes obligan a trabajar durante 12 horas seguidas que, en el caso de los que entran a las seis de la mañana, no se les permite desayunar ni tomar una merienda. Incluso sufren severas restricciones para ir al baño. Ha acabado con las pequeñas camaroneras de la zona y las pocas que quedan son obligadas a vender su producción a la empresa a precios irrisorios. También está denunciada por delitos ambientales como la destrucción de los manglares para la construcción de la granja camaronera y la planta de procesado y congelación de langostinos más grande de América Latina.
Panamá. Proyecto de hidroeléctrico Barro Blanco
Se ha solicitado a la alemana DEG y a la holandesa FMO que se retiren de la financiación del proyecto que ataca directamente a la etnia indígena Ngöbe Buglé. Se construirá una gran presa en territorios ancestrales y para ello se despojará a estos indígenas. Estos pueblos se han organizado para impedir que esto suceda y el gobierno ha enviado a la fuerza pública a reprimir violentamente las protestas. Ya han muerto al menos dos indígenas y muchos más han sido heridos de gravedad. Se habla de muchos desparecidos que se cree, pueden estar muertos.
Repsol YPF en diversos países (recientemente expropiada por el gobierno Argentino)
En Argentina ha sido denunciada por la contaminación de tierras y ríos que ha causado graves enfermedades a las comunidades cercanas a las exploraciones petrolíferas. Particularmente a integrantes de la etnia mapuche que les han detectado en la sangre niveles de 17 metales pesados que superan ampliamente los normales. Allí la empresa tiene diversas denuncias ambientales sobre unos 900.000 kms. cuadrados en diferentes provincias. También disminuyeron las protecciones en seguridad y se le responsabiliza de la muerte de nueve trabajadores en la exploración de Puertollano. De una planta de 55.000 trabajadores que recibió cuando adquirió YPF en la década del noventa, al día de la renacionalización por parte del gobierno argentino, quedaban apenas 6.000.
En Ecuador, la explotación que realiza en el Parque Nacional Yasuni, ha afectado enormemente la vida de los indígenas de la zona, causándoles graves destrozos en las fuentes de agua, la alimentación y la salud. Caso similares se presentan en Bolivia y Perú en los que los más afectados son los indígenas a quienes además de los problemas anteriores, se ha impactado negativamente su hábitat y sus formas de vida tradicionales.
Está previsto para finales de este verano que el PE apruebe o rechace estos TLC. Los expertos americanos y europeos que asistieron a la Conferencia en la Comisión de Comercio del PE, expusieron su oposición a los Acuerdos y solicitaron su no aprobación en la cámara europea.
Las razones son numerosas, pero en la conferencia se centraron en estas: las poblaciones directamente afectadas no fueron tenidas en cuenta a la hora de las negociaciones; los estudios de impacto ambiental que reflejan consecuencias negativas sobre la zona no contaron en las negociaciones; no existen legislaciones ambientales en América Latina que de verdad protejan el medio ambiente; traerán consecuencias nefastas sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y el tejido social de comunidades campesinas y etnias indígenas y negras; los países americanos de los Acuerdos incumplen la normativa nacionales e internacionales del trabajo, entre ellas el derecho a la sindicalización; generarán más precariedad laboral e incrementarán la desigualdad y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos, graves en la mayoría de países firmantes, aumentarán; afectarán negativamente la supervivencia de pueblos indígenas milenarios; dinamizarán todavía más los diversos conflictos en los países; son acuerdos asimétricos en los que únicamente contó el enorme poder de la UE.
Helmer Velásquez, de la organización Congcoop de Guatemala alertó sobre las consecuencias para su país en caso de aprobarse el Acuerdo: “Un proceso de desarrollo que se basa meramente en el comercio no es desarrollo. Cada vez vemos más a una Europa cuyo único interés es extraer recursos naturales de la región. Ya, sin la entrada en vigor del Acuerdo, con la tala de bosques y el uso indiscriminado del agua, nos acercamos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región”. Recordó además que la palma africana y el azúcar, que serán los productos que Guatemala exportará a Europa, generan muy poco empleo y desplazan los que mantiene el cultivo del maíz. “Este tipo de tratados tiene un impacto demoledor en el empleo rural”.
“La UE en las negociaciones fue muy ofensiva en el área de inversiones, obras públicas y propiedad intelectual [caso de los medicamentos y patentes sobre recursos naturales], porque son los temas estratégicos en los que quieren ganar”, comenta Lourdes Castro de la organización Grupo Sur. “Las negociaciones deben hacerse entre iguales; las de estos TLC fueron asimétricas con todo el poder para la UE”, sentenció.
En ese mismo aspecto, Gabriele Küppers, consejera política del Grupo Verde/ALE en el PE, alertó sobre la forma en que negoció Europa: “Si se miran los TLC con Colombia y Perú, y el Acuerdo con Centroamérica, son casi idénticos. La UE fue ya con un documento con comas y puntos para negociar así: yo quiero esto y la contraparte dijo sí porque muchos de los que han negociado están asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso, las multinacionales”. Manifestó que no se tuvieron en cuenta las particularidades de cada país. “Sencillamente”, añade Küppers, “la UE ha cumplido con lo acordado a su interior entre los años 2005 y 2006, cuando se concluyó que los países que la integran necesitan del acceso ilimitado a los recursos naturales y a todos los mercados”. Esto con el fin de no quedarse atrás en la carrera tecnológica y comercial emprendida hace años por países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, la asesora del grupo Verde se lamentó que al interior del PE “haya grupos políticos que ven más el impacto positivo para las empresas europeas que para las poblaciones en la región”.
“La concentración de la propiedad de la tierra que genera muchos conflictos en nuestros países, y el impulso de megaproyectos que crean más tensión en los territorios, ejercerán una presión muy fuerte sobre el principal recurso de nuestras tierras que es al agua”, subrayó la colombiana Tatiana Rodríguez de Censat-Agua Viva. Expuso que los agrocombustibles, la extracción minera y los megaproyectos hidroléctricos, ya han puesto a los pueblos a competir con el uso del agua. “Ahora”, dijo, “estos Tratados vienen a engordar los conflictos y contribuirán más al sufrimiento, ya insoportable, para muchas de nuestras comunidades”.
Por su parte, Juan Moreno de la Conferencia Europea de Sindicatos recordó a los eurodiputados que una sencilla observación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que persisten las violaciones a los DDHH en toda la región y recalcó que América Latina, particularmente en Colombia y Guatemala, es la región con más sindicalistas asesinados de todo el mundo. “La tasa de sindicalización en este contexto de represión en Guatemala ha descendido del 9% al 2%”. Estos Acuerdos declaró Moreno, no obligan ni a los gobiernos ni a las empresas a implementar políticas de empleo decentes. Por tanto, solicitó al PE que rechace estos TLC “porque las condiciones laborales en la región son deplorables y estos Acuerdos las van a hacer todavía más”.
En el tema de DDHH, Colombia es una de los países más azotados por este flagelo. Y las zonas rurales son las más damnificadas y vulnerables ante las diversas violaciones que allí cometen ejércitos legales e ilegales. Vincent Vallies de Oidhaco, lo deja claro: “Allí las zonas de cultivo de palma aceitera y caña de azúcar destinadas a la producción de agrocombustibles se encuentran entre las más afectadas por violaciones a los derechos humanos”. Se teme que el TLC agudice la grave crisis humanitaria que aqueja a ese país.
El eurodiputado español del Grupos Socialista, Andrés Perelló, declaró: “si el Tratado no incluye cláusulas de respeto a los DDHH como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, votaré en contra”. Catherine Bearder, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), encargada de abrir la Conferencia, recordó cómo los estudios de impacto socioambientales encargados por la Comisión Europea, advierten sobre serios impactos tras la firma de los Acuerdos: “Seguiremos investigando antes de votar”. Por su parte, Jürgen Klute, de Izquierda Unitaria Europea (GUE), manifestó que “el PE debe escuchar las voces que dicen no a estos Acuerdos y poner atención a sus recomendaciones”.
Haciendo un llamado desesperado para que estos Acuerdos no se aprueben y en defensa de las poblaciones indígenas americanas, Jaime Borda de la organización “Vicaría de Sicuani-Cuzco” de Perú, se explicó así. “Para las poblaciones originarias el agua no sólo es un recurso natural, es vida. Y aquí se ha olvidado que los pueblos indígenas tienen unos derechos, y que hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen”.
En materia legislativa, Gabrile Küppers denuncia que estos TLC existe una cláusula que no permite incrementar o mejorar la legislación local, “sino bajar o eliminar donde haya un brote de legislación social o ambiental de protección. Un Acuerdo de estos, no debería tocar la posibilidad de que los países fortalezcan sus legislaciones, juzgar a quienes cometen crímenes, y no deberían dar carta blanca a los beneficios de las multinacionales”, concluye. Lourdes Castro, por su parte, añade: “Europa negocia con países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante como es la UE”. Y respecto a la atractiva faceta positiva con la que presentan estos TLC ante las poblaciones americanas para venderles que las beneficiadas serán ellas, Castro sentencia: “si los TLC son tan buenos y tan ventajosos, ¿por qué no se negocian, por ejemplo, entre la UE y Estados Unidos?”.
Para todos los expertos que asistieron a la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales” en el PE, para varios analistas especializados en tratados comerciales internacionales y para numerosos eurodiputados, definitivamente los TLC entre la UE con Colombia y Perú y los Acuerdos con Centroamérica, son espléndidos para las multinacionales con las multinacionales y lamentables para los pueblos americanos. La única esperanza que le queda a estas poblaciones, es que el PE no los apruebe o que algunos parlamentos de los 27 que integran la UE los rechacen.
Algunos conflictos generados por multinacionales europeas en América Latina *
Colombia
Proyecto El Quimbo de las empresas italiana y española Enel y Endesa
Construcción de una presa hidroeléctrica al sur del país. Las fuerzas policiales han atacado y desalojado a miembros de las 500 familias que se oponen a este megaproyecto. Un vídeo colgado en Youtube titulado “Lo que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, del periodista Bladimir Sánchez y que ha sido visto más de un millón de veces, demostró cómo la fuerza pública ataca a los pobladores. El periodista ha recibido múltiples amenazas de muerte. Se sumergirán 7.500 hectáreas de reserva forestal y ya está desviando el curso del principal río del país, el Magdalena. Inundará seis municipios en los que habitan 1500 personas que serán reubicadas. El impacto social es muy perjudicial para la zona porque, además de desplazar a las personas, les priva de sus cultivos tradicionales y de la pesca artesanal, sustento de la economía local. La licencia ambiental estuvo basada en un estudio de impacto de las empresas. El gobierno ha enviado a la zona a 1.200 soldados para garantizar las obras del megaproyecto. Los afectados han creado una asociación (Asoquimbo) para oponerse al proyecto, al despojo, y denunciar las violaciones a sus derechos y el impacto ambiental negativo sobre esta parte de la Amazonía colombiana.
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