LA UE CON PAÍSES
LATINOAMERICANOS A DEBATE ( Por Violeta Colina)
Si Europa permitiera que las multinacionales entraran a explotar sus territorios sin ninguna clase de regulación y que se pusiera en riesgo la vida de sus habitantes, la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el equilibrio ambiental, la UE caería estrepitosamente. Si además, el capital extranjero entrara arrasando los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de sus países, no quedaría en tierra ni el más endeble de los cimientos sobre los que se construyó la UE.
Pues Europa esta próxima a hacer lo que no quiere para ella, si los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación entre la UE con Colombia, Perú y Centroamérica, son aprobados por el Parlamento Europeo. Quienes negociaron tanto de parte de la UE como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, únicamente lo hicieron teniendo en cuenta los intereses de las empresas locales y multinacionales, asumiendo con desdén las necesidades de más de cien millones de habitantes de esos países.
Para deslegitimar las solicitudes de los pueblos afectados por estos acuerdos comerciales, el lobby multinacional y los gobiernos locales, argumentan que las poblaciones o son manipuladas por fanáticos de izquierda o que son pueblos que se oponen al desarrollo sin darse cuenta de los múltiples beneficios que les van a reportar las grandes exportaciones salidas de sus territorios.
Redes europeas con sede en Bruselas como Oidhaco, Grupo Sur, Cifca y Alop, que han apoyado a las sociedades civiles de los países inmersos en estos acuerdos, realizan diversas actividades en el Parlamento Europeo (PE) para dar a conocer el drama de las poblaciones americanas que aumentará todavía más con la entrada en vigor de estos TLC. Una de ellas ha sido la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales”, celebrada en la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Allí acudieron expertos de América que denunciaron que estos TLC no han tenido en cuenta ni requisitos medioambientales ni los reclamos de las sociedades donde se desarrollarán megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y monocultivos.
Alberto Alonso-Fradejas, de la organización Congcoop (Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala) denuncia que en su país existe una “fiebre del oro verde”, desencadenada por la crisis financiera, energética y ambiental, y por políticas como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea ha conducido a que “en 10 años, un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical fueran destinadas a la plantación de palma aceitera en Guatemala”, que no produce alimentos y que han desplazado el cultivo del país, el maíz, producto esencial en la dieta de indígenas y campesinos.
“La deforestación y el abuso del empleo del agua en cultivos para agrocombustibles y en la extracción minera son responsables directos de las inundaciones en invierno y la sequía en verano que ha llevado a una vulnerabilidad ambiental extrema y a impactos sociales muy negativos”, argumentó en el PE Amanda Cruz, directora ejecutiva del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ante el eslogan de que los megaproyectos traen consigo empleo, esta experta económica lo contradice de plano. “No sólo no han traído más empleo en los campos sino que el desempleo, la precarización y la informalidad ya rondan el 70% en Centroamérica”. Cruz advirtió de que estos TLC no generan empleos decentes “y violan los estándares de la OIT”.
“Nadie pagará los pasivos ambientales porque no hay capacidad física ni presupuestaria para hacer un control efectivo de estos proyectos, y porque en estos TLC no existen garantías de que las empresas respondan”, recalcó Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Censat-Agua Viva. “Aquí se ha negociado únicamente en beneficio de los grandes capitales sin tener en cuenta las consecuencias negativas ni mucho menos quiénes serían los responsables para pagar por ellas”, concluyó Rodríguez.
Para conocer la nefasta influencia que pueden tener estos acuerdos sobre poblaciones enteras en Centroamérica y Suramérica, hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales allí que son vitales para la pervivencia de culturas autóctonas y de comunidades campesinas y negras: la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y el tejido social.
Conflictos económicos y sociales que devienen en grandes violaciones a los derechos humanos
En todos los territorios de América Latina, en las últimas tres décadas, con el desarrollo de megaproyectos en áreas rurales, las poblaciones se han visto afectadas por conflictos generados por la extrema protección por parte de la fuerza pública a los intereses de las empresas que explotan los recursos, y por la ausencia de respeto a los derechos de las comunidades. En la actualidad el 38% de la prospección minera mundial y el 27% de la prospección de oro tienen lugar en Suramérica. Como consecuencia directa de estos megaproyectos extractivos, poblaciones que vivían de los pequeños cultivos y de la pesca y la caza, han sido desplazadas de sus tierras para garantizar las grandes explotaciones mineras y acuíferas, así como los megacultivos. El impacto ambiental y humano es tal en América Latina, que se calcula que entre 1990 y 2000, se deforestaron 467.000 kms. cuadrados para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras e hidroeléctricas. En 2005, la deforestación de la Amazonía brasileña era de 700.000 kms. cuadrados.
A manera de ejemplo, en la selva de Brasil, en el Estado de Marañón, la etnia Awá sólo cuenta con 450 miembros. Esta etnia está a un paso de su extinción. “Son la tribu indígena más amenazada de la Tierra”, advierte Raquel García, portavoz de Survival International para Latinoamérica y España. “La gran crisis se inició en los años 70 a raíz de la explotación de las cercanas minas de hierro de Carajás, impulsada por el propio Gobierno. Se construyeron carreteras y ferrocarriles y llegaron los colonos y los problemas”, explica García para El Periódico de Catalunya. Survival explica en una nota que la “situación es tan grave que algunos ya hablan de genocidio”. El oscarizado Colin Firth, en un vídeo que Survival ha emitido para pedir al mundo la protección de esta etnia ancestral, denuncia. “Están talando ilegalmente la selva de los Awás. Cuando los madereros los ven, los matan. Sus arcos y flechas no son rivales para las pistolas… En cualquier otro momento de la historia, aquí terminaría todo: otro pueblo barrido para siempre de la faz de la Tierra. Pero vamos a luchar para que el mundo no deje que eso pase de nuevo”.
La ofensiva empresarial es causante directa de los conflictos sociales en la región. En Perú, por ejemplo, según datos de la Defensoría del Pueblo, existen más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. “Al cierre del 2010, se estima que en América Latina existen al menos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros”, apunta Gian Carlo Delgado en el artículo “Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de recursos”. En él describe también que las “situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de ambientales de la región”.
En los conflictos creados por los megaproyectos, los gobiernos emplean a la fuerza pública para presionar a las comunidades con el fin de que desalojen las zonas. En no pocos casos, cuando no son suficientes los ejércitos legales para desplazar a las poblaciones, aparecen los escuadrones de la muerte que bañan con sangre el territorio para expulsar a sus verdaderos dueños. Presionan con paupérrimas ofertas de compra de la tierra que vienen acompañados directamente de amenazas. “O la vende usted o se la compramos más barata a su viuda”, ha sido la estrategia de los paramilitares en Colombia que han conseguido echar de sus tierras a la mayoría de los 5.5 millones de desplazados, dejando a su paso, miles de cadáveres. En Centroamérica también ejércitos privados han empleado estas tácticas de tierra arrasada. En todos los casos primero crean un conflicto, asesinan pobladores, los despojan de su tierra, y tiempo después llegan las grandes empresas a explotar los territorios.
Las poblaciones que han tenido que desplazarse por extracciones mineras a cielo abierto, presas hidroeléctricas y grandes explotaciones minerales, quedan rotas tanto en su cultura como en su tejido social. Con los grandes proyectos se crean campamentos para los trabajadores que en su mayoría son forasteros. Y para que ellos se encuentren a gusto fuera de sus lugares de origen y lejos de sus familias, se crean negocios de ocio que rompen con la tradición cultural de la región. Son miles de casos en los que mujeres indígenas, negras y campesinas se han visto abocadas a la prostitución para conseguir la subsistencia diaria de sus familias que antes estaba garantizada. Los hombres de las comunidades a su vez, se ven inmersos en casos de alcoholismo, consumo y venta de drogas. Poblaciones que no conocían problemas intrafamiliares como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, de repente se ven completamente destrozadas.
También, con el desplazamiento a lugares cercanos de la explotación, las comunidades quedan del todo vulnerables ante los ejércitos legales e ilegales. Generalmente los gobiernos no realizan las consultas previas a los autóctonos contempladas en las legislaciones nacionales y por Naciones Unidas, sino que aprueban los proyectos, expropian y reubican a las comunidades. Y cuando estas se organizan en resistencia pacífica para impedir que los despojen de sus derechos, esta protesta social es inmediatamente criminalizada. Son acusados de terroristas y transgresores de las leyes nacionales. Viene entonces la estigmatización de la comunidad ante todo el país y la justificación para que los líderes sean llevados ante la justicia. Y con estos precedentes se abre paso a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición y el asesinato de los líderes de la comunidad.
En el capítulo de derechos sociales y económicos, la expulsión rural, la migración forzada hacia las ciudades, la destrucción de formas de vida, la precarización y flexibilización laboral, traen como consecuencias la división de las comunidades, destrucción de la economía local y, por supuesto, violaciones al derecho a la salud y a un ambiente sano. Porque en la mayoría de megaproyectos tanto la tierra como las fuentes acuíferas son contaminadas, causando graves destrozos por el empleo de metales pesados que conlleva al aumento de la mortalidad infantil, malformaciones congénitas, disminución de la fertilidad y al surgimiento de enfermedades desconocidas en la zona y que afectan sobre todo las vías respiratorias.
Los megaproyectos en América Latina han impactado de manera cruenta la tenencia de la tierra de pequeños propietarios y el territorio de comunidades ancestrales que pasan de ser de su propiedad a pocas manos de terratenientes y grandes empresas. En Colombia, por ejemplo, denuncia Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco que agrupa a 30 organizaciones europeas y cuya sede está en Bruselas, “el 62,6% de la tierra está en manos de un 0.4% de propietarios, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8% de la superficie. El valor de la tierra y del territorio es la razón principal del drama que viven millones de colombianos. La presión sobre la tierra para convertirla en corredores estratégicos, zonas de control, proyectos agroindustriales y zonas de minería, es alarmante”.
El agua como factor de vida y garantía de la biodiversidad se está acaparando y contaminando de tal forma que han cambiado cursos de enormes ríos, han acabado con muchas especies y el agua ha comenzado a ser un bien escaso para poblaciones que durante siglos la han cuidado y preservado. De esto habló el salvadoreño Carlos Zepeda, autor del documento “Agua para la vida o para el comercio”, ante los eurodiputados en Bruselas. “Con estos Acuerdos el agua es tratada como un bien económico y no como un bien público común”. Sin instituciones y marcos legales que aseguren el derecho al agua, la población más pobre y vulnerable de Centroamérica, Colombia y Perú sufrirá directamente las consecuencias negativas de los TLC. Recordó también Zepeda que el acceso al agua fue declarado por la ONU en 2010 como un derecho humano. “Asegurar el acceso al agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental es un principio no negociable en términos de desarrollo humano”.
Con los megaproyectos de “desarrollo” se ha destruido completamente la soberanía alimentaria al punto que en territorios indígenas de Centroamérica y Suramérica se presentan miles de casos de desnutrición severa en los niños, especialmente en etnias indígenas; se cuentan ya por cientos los niños muertos por física hambre. Y el tejido social preservado por mucho tiempo y garante de la supervivencia de los pueblos, está siendo arrasado porque las comunidades quedan minadas cuando en sus territorios arriba el “desarrollo”. Susanna Daag, portavoz de la plataforma europea Cifca, señala: “el modelo exportador promovido por los Acuerdos comerciales conlleva a un aumento de la competencia por los recursos de tierra y agua, en gran parte utilizado por la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industrias extractivas, que ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en el desplazamiento de los pequeños productores”.
Si Europa permitiera que las multinacionales entraran a explotar sus territorios sin ninguna clase de regulación y que se pusiera en riesgo la vida de sus habitantes, la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el equilibrio ambiental, la UE caería estrepitosamente. Si además, el capital extranjero entrara arrasando los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de sus países, no quedaría en tierra ni el más endeble de los cimientos sobre los que se construyó la UE.
Pues Europa esta próxima a hacer lo que no quiere para ella, si los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación entre la UE con Colombia, Perú y Centroamérica, son aprobados por el Parlamento Europeo. Quienes negociaron tanto de parte de la UE como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, únicamente lo hicieron teniendo en cuenta los intereses de las empresas locales y multinacionales, asumiendo con desdén las necesidades de más de cien millones de habitantes de esos países.
Para deslegitimar las solicitudes de los pueblos afectados por estos acuerdos comerciales, el lobby multinacional y los gobiernos locales, argumentan que las poblaciones o son manipuladas por fanáticos de izquierda o que son pueblos que se oponen al desarrollo sin darse cuenta de los múltiples beneficios que les van a reportar las grandes exportaciones salidas de sus territorios.
Redes europeas con sede en Bruselas como Oidhaco, Grupo Sur, Cifca y Alop, que han apoyado a las sociedades civiles de los países inmersos en estos acuerdos, realizan diversas actividades en el Parlamento Europeo (PE) para dar a conocer el drama de las poblaciones americanas que aumentará todavía más con la entrada en vigor de estos TLC. Una de ellas ha sido la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales”, celebrada en la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Allí acudieron expertos de América que denunciaron que estos TLC no han tenido en cuenta ni requisitos medioambientales ni los reclamos de las sociedades donde se desarrollarán megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y monocultivos.
Alberto Alonso-Fradejas, de la organización Congcoop (Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala) denuncia que en su país existe una “fiebre del oro verde”, desencadenada por la crisis financiera, energética y ambiental, y por políticas como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea ha conducido a que “en 10 años, un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical fueran destinadas a la plantación de palma aceitera en Guatemala”, que no produce alimentos y que han desplazado el cultivo del país, el maíz, producto esencial en la dieta de indígenas y campesinos.
“La deforestación y el abuso del empleo del agua en cultivos para agrocombustibles y en la extracción minera son responsables directos de las inundaciones en invierno y la sequía en verano que ha llevado a una vulnerabilidad ambiental extrema y a impactos sociales muy negativos”, argumentó en el PE Amanda Cruz, directora ejecutiva del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ante el eslogan de que los megaproyectos traen consigo empleo, esta experta económica lo contradice de plano. “No sólo no han traído más empleo en los campos sino que el desempleo, la precarización y la informalidad ya rondan el 70% en Centroamérica”. Cruz advirtió de que estos TLC no generan empleos decentes “y violan los estándares de la OIT”.
“Nadie pagará los pasivos ambientales porque no hay capacidad física ni presupuestaria para hacer un control efectivo de estos proyectos, y porque en estos TLC no existen garantías de que las empresas respondan”, recalcó Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Censat-Agua Viva. “Aquí se ha negociado únicamente en beneficio de los grandes capitales sin tener en cuenta las consecuencias negativas ni mucho menos quiénes serían los responsables para pagar por ellas”, concluyó Rodríguez.
Para conocer la nefasta influencia que pueden tener estos acuerdos sobre poblaciones enteras en Centroamérica y Suramérica, hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales allí que son vitales para la pervivencia de culturas autóctonas y de comunidades campesinas y negras: la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y el tejido social.
Conflictos económicos y sociales que devienen en grandes violaciones a los derechos humanos
En todos los territorios de América Latina, en las últimas tres décadas, con el desarrollo de megaproyectos en áreas rurales, las poblaciones se han visto afectadas por conflictos generados por la extrema protección por parte de la fuerza pública a los intereses de las empresas que explotan los recursos, y por la ausencia de respeto a los derechos de las comunidades. En la actualidad el 38% de la prospección minera mundial y el 27% de la prospección de oro tienen lugar en Suramérica. Como consecuencia directa de estos megaproyectos extractivos, poblaciones que vivían de los pequeños cultivos y de la pesca y la caza, han sido desplazadas de sus tierras para garantizar las grandes explotaciones mineras y acuíferas, así como los megacultivos. El impacto ambiental y humano es tal en América Latina, que se calcula que entre 1990 y 2000, se deforestaron 467.000 kms. cuadrados para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras e hidroeléctricas. En 2005, la deforestación de la Amazonía brasileña era de 700.000 kms. cuadrados.
A manera de ejemplo, en la selva de Brasil, en el Estado de Marañón, la etnia Awá sólo cuenta con 450 miembros. Esta etnia está a un paso de su extinción. “Son la tribu indígena más amenazada de la Tierra”, advierte Raquel García, portavoz de Survival International para Latinoamérica y España. “La gran crisis se inició en los años 70 a raíz de la explotación de las cercanas minas de hierro de Carajás, impulsada por el propio Gobierno. Se construyeron carreteras y ferrocarriles y llegaron los colonos y los problemas”, explica García para El Periódico de Catalunya. Survival explica en una nota que la “situación es tan grave que algunos ya hablan de genocidio”. El oscarizado Colin Firth, en un vídeo que Survival ha emitido para pedir al mundo la protección de esta etnia ancestral, denuncia. “Están talando ilegalmente la selva de los Awás. Cuando los madereros los ven, los matan. Sus arcos y flechas no son rivales para las pistolas… En cualquier otro momento de la historia, aquí terminaría todo: otro pueblo barrido para siempre de la faz de la Tierra. Pero vamos a luchar para que el mundo no deje que eso pase de nuevo”.
La ofensiva empresarial es causante directa de los conflictos sociales en la región. En Perú, por ejemplo, según datos de la Defensoría del Pueblo, existen más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. “Al cierre del 2010, se estima que en América Latina existen al menos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros”, apunta Gian Carlo Delgado en el artículo “Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de recursos”. En él describe también que las “situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de ambientales de la región”.
En los conflictos creados por los megaproyectos, los gobiernos emplean a la fuerza pública para presionar a las comunidades con el fin de que desalojen las zonas. En no pocos casos, cuando no son suficientes los ejércitos legales para desplazar a las poblaciones, aparecen los escuadrones de la muerte que bañan con sangre el territorio para expulsar a sus verdaderos dueños. Presionan con paupérrimas ofertas de compra de la tierra que vienen acompañados directamente de amenazas. “O la vende usted o se la compramos más barata a su viuda”, ha sido la estrategia de los paramilitares en Colombia que han conseguido echar de sus tierras a la mayoría de los 5.5 millones de desplazados, dejando a su paso, miles de cadáveres. En Centroamérica también ejércitos privados han empleado estas tácticas de tierra arrasada. En todos los casos primero crean un conflicto, asesinan pobladores, los despojan de su tierra, y tiempo después llegan las grandes empresas a explotar los territorios.
Las poblaciones que han tenido que desplazarse por extracciones mineras a cielo abierto, presas hidroeléctricas y grandes explotaciones minerales, quedan rotas tanto en su cultura como en su tejido social. Con los grandes proyectos se crean campamentos para los trabajadores que en su mayoría son forasteros. Y para que ellos se encuentren a gusto fuera de sus lugares de origen y lejos de sus familias, se crean negocios de ocio que rompen con la tradición cultural de la región. Son miles de casos en los que mujeres indígenas, negras y campesinas se han visto abocadas a la prostitución para conseguir la subsistencia diaria de sus familias que antes estaba garantizada. Los hombres de las comunidades a su vez, se ven inmersos en casos de alcoholismo, consumo y venta de drogas. Poblaciones que no conocían problemas intrafamiliares como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, de repente se ven completamente destrozadas.
También, con el desplazamiento a lugares cercanos de la explotación, las comunidades quedan del todo vulnerables ante los ejércitos legales e ilegales. Generalmente los gobiernos no realizan las consultas previas a los autóctonos contempladas en las legislaciones nacionales y por Naciones Unidas, sino que aprueban los proyectos, expropian y reubican a las comunidades. Y cuando estas se organizan en resistencia pacífica para impedir que los despojen de sus derechos, esta protesta social es inmediatamente criminalizada. Son acusados de terroristas y transgresores de las leyes nacionales. Viene entonces la estigmatización de la comunidad ante todo el país y la justificación para que los líderes sean llevados ante la justicia. Y con estos precedentes se abre paso a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición y el asesinato de los líderes de la comunidad.
En el capítulo de derechos sociales y económicos, la expulsión rural, la migración forzada hacia las ciudades, la destrucción de formas de vida, la precarización y flexibilización laboral, traen como consecuencias la división de las comunidades, destrucción de la economía local y, por supuesto, violaciones al derecho a la salud y a un ambiente sano. Porque en la mayoría de megaproyectos tanto la tierra como las fuentes acuíferas son contaminadas, causando graves destrozos por el empleo de metales pesados que conlleva al aumento de la mortalidad infantil, malformaciones congénitas, disminución de la fertilidad y al surgimiento de enfermedades desconocidas en la zona y que afectan sobre todo las vías respiratorias.
Los megaproyectos en América Latina han impactado de manera cruenta la tenencia de la tierra de pequeños propietarios y el territorio de comunidades ancestrales que pasan de ser de su propiedad a pocas manos de terratenientes y grandes empresas. En Colombia, por ejemplo, denuncia Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco que agrupa a 30 organizaciones europeas y cuya sede está en Bruselas, “el 62,6% de la tierra está en manos de un 0.4% de propietarios, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8% de la superficie. El valor de la tierra y del territorio es la razón principal del drama que viven millones de colombianos. La presión sobre la tierra para convertirla en corredores estratégicos, zonas de control, proyectos agroindustriales y zonas de minería, es alarmante”.
El agua como factor de vida y garantía de la biodiversidad se está acaparando y contaminando de tal forma que han cambiado cursos de enormes ríos, han acabado con muchas especies y el agua ha comenzado a ser un bien escaso para poblaciones que durante siglos la han cuidado y preservado. De esto habló el salvadoreño Carlos Zepeda, autor del documento “Agua para la vida o para el comercio”, ante los eurodiputados en Bruselas. “Con estos Acuerdos el agua es tratada como un bien económico y no como un bien público común”. Sin instituciones y marcos legales que aseguren el derecho al agua, la población más pobre y vulnerable de Centroamérica, Colombia y Perú sufrirá directamente las consecuencias negativas de los TLC. Recordó también Zepeda que el acceso al agua fue declarado por la ONU en 2010 como un derecho humano. “Asegurar el acceso al agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental es un principio no negociable en términos de desarrollo humano”.
Con los megaproyectos de “desarrollo” se ha destruido completamente la soberanía alimentaria al punto que en territorios indígenas de Centroamérica y Suramérica se presentan miles de casos de desnutrición severa en los niños, especialmente en etnias indígenas; se cuentan ya por cientos los niños muertos por física hambre. Y el tejido social preservado por mucho tiempo y garante de la supervivencia de los pueblos, está siendo arrasado porque las comunidades quedan minadas cuando en sus territorios arriba el “desarrollo”. Susanna Daag, portavoz de la plataforma europea Cifca, señala: “el modelo exportador promovido por los Acuerdos comerciales conlleva a un aumento de la competencia por los recursos de tierra y agua, en gran parte utilizado por la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industrias extractivas, que ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en el desplazamiento de los pequeños productores”.
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